Tía María4: El riesgo de demorar las decisiones

19 May
Mensaje y protesta

Mensaje y protesta

Malas Costumbres

Finalmente el proyecto Tía María fue suspendido por decisión de la empresa Southern Cooper. No por el gobierno. El mensaje presidencial fue la antesala de esta decisión. Un mensaje, dicho sea de paso, sin brío y en donde Humala desnudó sus carencias: la falta de liderazgo. Sin pizca de estadista. Más bien transmitió la sensación de un gobierno débil, y mostró a un gobernante pusilánime, incapaz de sacarnos del escepticismo y la desconfianza. E incapaz también de persuadir a una población como la de Islay, desconfiada y enceguecida por los antimineros que supieron aprovechar durante todo el tiempo, la ausencia del Estado.

Fue ahí donde Humala le sopló la pluma a la Southern aduciendo que su gobierno no lo podía hacer pues eso le acarrearía al Perú demandas internacionales millonarias de parte de esta transnacional, una de las mayores productoras de cobre del mundo. No lo dudo.

Luego la Southern, en un comunicado, señaló que se tomaba “una pausa” de 60 días que servirán -se espera- para convencer a los pobladores del Valle del Tambo de la importancia y viabilidad del proyecto. Una pausa que se supone servirá también para despejar las dudas y mostrar los beneficios que traerá la explotación del cobre en esa zona, recoger las sugerencias y lograr así el consenso que se necesita para la ejecución de este importante proyecto.

No obstante, creo que si bien la decisión es correcta, es algo tardía. El gobierno demoró mucho en trabajar esta alternativa. Luego del 27 de marzo en que el vocero de la empresa Julio Morriberón anunciara la cancelación del proyecto era el momento ideal. Se podrá afirmar que lo principal entonces era no parar el proyecto y no mostrar signos de debilidad. Puede ser. Pero pudo hacerse días después, sin esperar que los ánimos se caldeen mucho más, la violencia se expanda y la “sangre llegue al río”, como ocurrió.

¿Cuál ha sido el resultado? El proyecto se suspendió igual, con el saldo en contra de 5 personas muertas y cerca de 200 policías y civiles heridos. Además, con daños materiales y económicos millonarios. Solo los tres días del paro regional le costó a la ciudad de Arequipa, 1.5 millones de soles de pérdidas (US$500 mil) . Esto sin contar la cancelación de visitas de 180 grupos de turistas y los tremendos daños causados al centro histórico y a la propiedad pública y privada. Esta última que nadie la cuenta y que los mismos propietarios asumen.

Ahora bien, es difícil creer que la situación pueda ser revertida en 60 días. Por lo pronto, sigue en marcha el paro de nueve regiones del sur del país, justamente, pidiendo la salida de la Southern y las mismas autoridades y dirigentes antimineros de la provincia de Islay, en particular las del distrito de Cocachacra, están decididas a continuar con su protesta.

La irracionalidad es de tal magnitud en esos lugares que ha dividido a los mismos pobladores al extremo de motivar el éxodo hacia Arequipa de unas 50 familias que han pedido refugio porque han sido amenazadas de muerte o han sufrido atentados por recyhazar las protestas. Así están las cosas.

El gobierno cree que en sesenta días la protesta debería pasar de “caliente a fría”. O en todo caso, para ser más objetivos, pueda ser reducida a su mínima expresión. Ojalá sea así, aunque me cuesta mucho creer que sea el tiempo suficiente como para convencer a una población ya “parametrada” por sus dirigentes radicales en que el proyecto es inviable..

Según la información, la gran mayoría de  población de Cocachara, por ejemplo, solo sabe que la Southern sacará cobre y contaminará el agua del río Tambo y sus tierras morirán. Desconoce que el agua será extraída del mar y desalinizada, y en consecuencia no se sacará agua del río ni sus tierras estarán en peligro.

Mucho más le cuesta entender que con los 1,400 millones de dólares invertidos se crearán más de 5 mil puestos de trabajo directo e indirecto y que en general, se dinamizará toda la economía de la zona. Tampoco sabe, o quizá no le interesa saber que al extraerse las 600 mil toneladas de ese mineral, la región recibirá por canon 270 millones de soles anuales, de los cuales 64 mllns. irán a la provincia de Islay y 34 mllns. al distrito de Cocachacra. Es decir, un mar de dinero que, consideran, no verán ni se sienten beneficiados porque saben, por experiencias propia y ajena, que las autoridades lo malgastarán en obras faraónicas e improductivas, o simplemente “se la tirarán”..

¿Qué tocaría hacer entonces? Es obvio que de lograrse ese apaciguamiento, es decir, que la protesta se reduzca a su mínima expresión, debería realizarse campañas masivas e intensas de esclarecimientos centradas en los beneficios que le traería la explotación de Tía María y en despejar todas las dudas alrededor de los estudios de impacto ambiental, con material gráfico e interactivo, charlas y reuniones de todo tipo.

Empero, lo más importante y que debería correr paralelamente, debería ser el replantear la estrategia, adelantando, en coordinación con el gobierno, algunos beneficios del canon que vayan directamente a la población. Además, asesoría técnica a los agricultores .O el compromiso de contratar gente de las localidades para trabajos no calificados en la mina. En fin, todo lo que sea posible y viable adelantar, o que los actores directos o involucrados en estas tratativas pudieran facilitar. No queda otra. De lo contrario, el proyecto quedará paralizado indefinidamente.

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