Ley Pulpín: ¿vaso medio lleno o medio vacío?

27 Ene
Se logró derogatoria ¿Ahora qué viene?

Se logró derogatoria ¿Ahora qué viene?

Malas Costumbres

Finalmente la llamada “Ley Pulpín” (Ley del Empleo Juvenil) fue derogada por el mismo Congreso que la había aprobado meses atrás. Aunque hasta hace algunos días tenía mis dudas que fuera derogada, al final, la mayoría de grupos políticos optó por sacarla del camino.

En verdad, en los últimos tiempos dicha norma se había convertido en una bomba de tiempo. Cada acción del gobierno por defenderla, merecía la respuesta de jóvenes y gremios sindicales, con marchas de protesta cada vez más numerosas y generalizadas en el país, y que siempre terminaban en enfrentamientos con la policía.

¿Pero qué convirtió a esta ley en una de las más polémicas y controversiales, al extremo de generar protestas cada vez más violentas? Veamos:

La mencionada norma obligaba al empleador a contratar jóvenes entre los 18 a 24 años (con o sin estudios) con contratos firmados por un año mínimo, pagarle el sueldo mínimo (S/.750.00), trabajar 8 horas y no 12 o más, y en el puesto que le correspondía de acuerdo a sus estudios. Asimismo, le otorgaba un día de descanso a la semana y en feriados, 15 días de vacaciones al año durante el tiempo que duraba su contrato (máximo tres años), pago de sobretiempo u horas extras, y a tener seguro social. Este último, subvencionado por el Estado, ya sea con atención en Essalud o en el SIS (Seguro Integral de Salud). Y, si era despedido arbitrariamente, la empresa tendría que pagarle una compensación de 20 días por año y reembolsarle al Estado por los aportes realizados en salud.

¿Alguien podía oponerse a estos beneficios? La respuesta es no. Sería una locura. Sobre todo si favorecía a muchos jóvenes (unos 230 mil, según estimados del gobierno) que se encuentran desempleados, y a cerca de 2 millones que trabajan en condiciones precarias e irregulares en el Perú y que, consecuentemente, no reciben ningún tipo de beneficios. Con dicha norma los hubieran tenido. Entonces, ¿porque se llegó al extremo de exigir su derogatoria y con violencia?

¿Cuestión de óptica?

Sin duda, para algunos la respuesta podría ser que los peruanos somos masoquistas o que estamos hechos para el castigo. Aunque algo de cierto hay en ello, lo concreto es que para unos la norma otorgaba beneficios a quienes no tienen nada, mientras que para otros, ésta recortaba derechos a los jóvenes, ya contemplados en el Régimen Laboral General (RLG). Es decir, era una cuestión de enfoque. Algo así como cuando uno ve un vaso con agua hasta la mitad y pregunta ¿el vaso  está medio lleno o medio vacío? Obviamente para unos, el vaso está medio lleno. Para el gobierno, ese era el sentido de la ley. Una situación transitoria en donde los jóvenes tenían unos pocos derechos reconocidos, mientras acumulaban experiencia y conocimiento, para luego pasar al “régimen general”. En cambio, para otros, el vaso está semivacío, lo que en boca de la oposición, equivalía a sostener que la norma reducía o recortaba derechos a los jóvenes, ya contemplados en el RLG, lo cual era peligroso.

Desde mi punto de vista, ambas posturas son válidas. La norma, es cierto, otorgaba, digamos, la “mitad de derechos” a los jóvenes que antes no tenían nada. Obviamente, para ellos era beneficiosa. Pero lo es cierto que también y en la práctica se corría el riesgo de que, aun cuando la norma era “transitoria” (5 años de vigencia), se convertiría en permanente, como suele ocurrir con muchas otras en nuestro país, con lo cual, irremediablemente, los jóvenes nunca llegarían a tener los beneficios laborales plenos que otorga el RLG. Primero, porque no habría forma de fiscalizar cada uno de los contratos en las empresas pequeñas, medianas y grandes. Y segundo, porque el mismo gobierno buscaría –si lograba reducir los sobrecostos (los expertos calcularon el ahorro de las empresas en 2.400 soles por trabajador)– hacerla permanente, es decir, prolongar su vigencia, con lo cual el RLG seguía en franca extinción.

El devenir flexible

Ahora bien, hay que recordar que hasta la década de los 80, predominaba en el Perú la estabilidad laboral. Esta se conseguía con tres meses y un día de trabajo continuo. El nuevo trabajador obtenía automáticamente estabilidad laboral y muchos beneficios. Era la época, según los analistas, de las “dictaduras sindicales”.

Esta situación fue cambiando tímidamente a partir de los 80, con el establecimiento de regímenes laborales sectoriales (leyes del profesorado, salud, universitarios, etc.). Pero el cambio radical comenzó a partir de la década de los 90 cuando el Perú sintonizó con la tendencia mundial de “flexibilización laboral”, que ya tenía varios años de vigencia en muchos países del mundo. Se expidió entonces el Decreto Legislativo 728 que estableció el Régimen de la Actividad Privada. Su propósito no fue otro que promover el regreso de capitales e inversión en el Perú, después de una década ostracismo y aislamiento económico, como consecuencia de la insania terrorista. Así se otorgaron algunos beneficios a los inversores, dentro de los cuales se incluyó una reducción mínima pero significativa, de los llamados “sobrecostos laborales”, que según los especialistas, aun así, siguen siendo muy altos en nuestro país (hasta enero 2014 ascendía a 59%, según la CCL).

Bajo esta óptica, el RLG con su retahíla de beneficios (jornada de 8 horas, 30 días de vacaciones, dos gratificaciones, CTS (Compensación por Tiempo de Servicios), etc.), comenzó a ser perforada. A los regímenes parciales, se sumó en el 2008, el régimen CAS (Contrataciones Administrativas de Servicios- 2008) y otros regímenes sectoriales (ley mypes, agrario, etc.).

Es decir, tanto los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y ahora Ollanta Humala han seguido y profundizado la lógica de las políticas neoliberales que se aplican en muchos países del mundo occidental y que no necesariamente significan preservar derechos laborales, sino reducirlos. Y, en el peor de los casos, eliminarlos. La situación es tal que hoy sabemos que son muy pocos los trabajadores que gozan de todos sus derechos, convirtiéndose estos en un sector privilegiado, pues mientras la gran mayoría está sumida en la informalidad y sin beneficio alguno, otros, como los CAS y Mypes solo reciben la mitad o menos de beneficios. De tal forma que, vista en perspectiva, de haberse aprobado la “Ley Pulpín”, ésta se hubiese sumado a los que tienen derechos y beneficios limitados, cuando a lo que se debió apuntar era a una ley única e integral, en donde los derechos o beneficios para los jóvenes, sea parte de ese concierto de voluntades, que hoy, lamentablemente, no existe.

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