“2×2” para policías, jueces y fiscales

14 Oct

Malas Costumbres

No le falta razón al ministro del Interior, Daniel Urresti, cuando afirma que el policía que comete un delito debe tener “doble sanción”, es decir, no debe recibir solo el castigo administrativo, pues al final solo es trasladado a otra dependencia o reincorporado a su puesto y vuelve a las andadas. Lo que se requiere es sanción administrativa y penal; que el policía-delincuente termine en la cárcel.

El comentario del ministro se produjo luego de la denuncia de una pareja de enamorados, que fue asaltada por unos facinerosos que les arrebataron dos celulares y 4 mil soles. El valiente joven persiguió a los delincuentes y avisó a la policía que logró capturarlos y recuperar el botín. Pero ¡Oh sorpresa!! al momento de reclamar en la comisaría la devolución de sus pertenencias, le dijeron que no habían encontrado nada. Fue entonces que hizo pública la denuncia, lo que motivó que el ministro montara en cólera y ordenara una investigación inmediata. Al final, descubrió que uno de los policías que participó en el operativo de captura se había quedado con lo robado, por lo que, dijo, no pararía hasta que sea sancionado administrativa y penalmente “y esté preso”.

Aún cuando no reveló el nombre del policía, el ministro fue claro al señalar que esto debería ser así porque la mala acción de este policía no solo afecta a la institución policial y alimenta la desconfianza de la población, sino además, porque desmoraliza a los otros 17 efectivos que participaron y actuaron correctamente en la captura de los delincuentes y tira por la borda todo el esfuerzo y trabajo que se viene realizando para recuperar la imagen de la policía.

El enfoque es correcto. Efectivamente, estos delincuentes de uniforme no pueden permanecer un día más en la institución. Deben ser echados e ir presos. Pero esta medida debe ser entendida como un primer paso frente a la ola delictiva y corrupción que se registra en el país. Un segundo paso es hacer extensiva esta doble pena a fiscales y jueces. Es decir, que estos tampoco sean solo sancionados administrativamente por la OCMA (Oficina de Control de la Magistratura), como en la mayoría de casos suele ocurrir, sino que reciban también sanción penal y sin posibilidades de volver a reincorporarse a la judicatura.

Es más, me atrevo a señalar que existe un tercer paso, al que le llamaré el “dos por dos” para policías, jueces y fiscales (aunque en verdad, debería aplicarse a todo funcionario público), y que debe ser entendida como el aumento al doble de la sanción que se aplica a un delincuente común, por decirlo de alguna manera. Esto significa que policías, jueces y fiscales que son encontrados infraganti cometiendo un delito o no cumplen a cabalidad con su función al favorecer a probados delincuentes o bandas con liberaciones, reducciones o penas benignas, aduciendo “falta de pruebas” o amparados en su amplísima función discrecional, deben hacerse merecedores a este tipo de sanción.

Un ejemplo. Si un juez libera o impone una pena menor a un prontuariado delincuente, a quien se le encontró asaltando a una persona y a quien le corresponde una pena, digamos, de 4 años de prisión efectiva (y sin posibilidad de reducción), justamente amparado en su facultad discrecional, dicho juez se haría merecedor al 2×2, es decir, a 8 años de cárcel, en caso la instancia superior descubra dicho favorecimiento. ¿Querrá algún magistrado exponerse a este tipo de sanción? Lo dudo.

Pero ejemplos hay a montones (ver video más abajo). En unos casos, actuando los magistrados con desidia, complicidad o previo arreglo, y aplicando a pie juntillas las normas y abandonando el criterio de racionalidad de las mismas. O por desidia del Parlamento (otro poder que requiere a gritos ser reformado), cuyos parlamentarios saben perfectamente qué normas de la actual legislación se deben suprimir, cambiar o reformar con el fin de proteger a la sociedad de la delincuencia, pero prefieren dedicarse a otras cosas y mantener decenas de proyectos en algún anaquel o escritorio.

Sin duda, este 2×2 es una sanción severísima, sumamente drástica. Sin embargo, la considero necesaria si queremos reformar instituciones como la Policía y el Poder Judicial, corroídas desde hace mucho por el descrédito y la corrupción, pero amparadas, sobre todo la última, en la llamada “independencia de poderes” que les permite no mover un dedo en una reforma que es imprescindible, pues son estas instituciones las encargadas de aplicar justicia y proteger a las personas de la delincuencia y el crimen organizado. Además, porque policía, juez o fiscal que delinque no solo pone en riesgo a su familia sino a sus propias instituciones. acrecentando la desmoralización en sus filas, alterando sus objetivos y aumentando el descrédito y la desconfianza de la población en ellas.

Cuando esto sucede y continúa, significa que la sociedad y el sistema democrático elegido, han comenzado a recorrer la pendiente de su propia destrucción, en donde no hay reglas y todo el mundo hace lo que le viene en gana. Creo que es la única salida para poner freno a la delincuencia y corrupción que hoy campea en nuestro país. Más aún cuando el narcotráfico ya echó raíces en nuestro suelo. No hay otro camino. Salvo, mejor parecer.


 

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4 comentarios to ““2×2” para policías, jueces y fiscales”

  1. Alfonso Lino 14 de octubre de 2014 a 12:13 pm #

    Chacho,
    Muy bueno tu articulo. Estoy de acuerdo con tus puntos de ivsta y apreciacion de lo que se debe dehacer para que estas situacion mejore

    • Victor (Chacho) Cortés 14 de octubre de 2014 a 12:47 pm #

      Gracias apreciado amigo. Creo que esto es un sentir general y una medida urgente ante tanta corrupción

  2. Olga 16 de octubre de 2014 a 2:57 pm #

    Chacho, está buena tu propuesta, pero el primero que rebajó las condenas es nuestro famoso “reo contumaz” cuando fue presidente, el mismo que siempre se libra de todas las acusaciones que pesan sobre él.

    • Victor (Chacho) Cortés 19 de octubre de 2014 a 10:01 am #

      No fue el primero. Hasta donde tengo entendido, era la tendencia “cojurídica”, caviarona, en el proceso de cuestionamiento del Código Penal de 1924.

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