La ley y el….desorden

12 Mar
Ministra Omonte

Ministra Omonte

Alcadesa Villarán

Alcadesa Villarán

Malas Costumbres

¿Alguien cree que la denuncia contra la flamante ministra de la Mujer, Carmen Omonte, de incompatibilidad para ejercer el cargo debido a que su empresa posee una concesión minera, va a prosperar? ¿y la denuncia contra la alcaldesa Susana Villarán y sus seis regidores, por los préstamos conseguidos de la caja municipal, van a seguir igual camino? Lo dudo.

Hay que recordar que estamos en el Perú. Además, en un año electoral y no sólo aparecerán mil denuncias sino también mil descargos. Para eso existen los abogados. Ellos son expertos en justificar y defender  lo indefendible. Pero sobre todo de enredar las cosas al extremo de convertirlas en ininteligibles. De ahí surge la convicción popular de que si uno quiere salir bien librado de una situación así, ya sabe que tiene que conseguirse un buen jurisconsulto. Y si contamos con una farragosa legislación, como es el caso, mejor todavía. La confusión será mayor y no lo dude que saldrá bien librado.

Por eso también, no debe mover a sorpresa que con motivo de  ambas denuncias se haya generado tremenda polémica. Unos justificando que no son actos ilegales y menos inmorales, mientras otros afirmando lo contrario. Unos amparándose en la Constitución “que está por encima de cualquier ley”, y otros basándose en tal o cual ley específica para negarlo. Otros más, incluso, sacando a relucir el reglamento o negándolo, etc., etc. Y así por el estilo, tenemos la de nunca acabar, aun cuando las cosas pueden ser más sencillas y simples.

Veamos. La señora Omonte adquirió el 10% de acciones de la empresa Cemento Amazónico S.A.C, la que a su vez obtuvo una concesión minera en el 2012, cuando ya era congresista. No debió hacerlo porque la ley general de Minería prohíbe que los congresistas y funcionarios de alto nivel participen en algún tipo de actividad minera. Así de simple. Pero sus abogados adujeron que no hay incompatibilidad para ejercer el cargo de congresista ni tampoco de ministra.

Quizá los atenuantes en el caso de la señora Omonte podrían ser: Que lo consignó en su Hoja de Vida y nadie dijo nada (silencio administrativo). Que se trata de pocas acciones (es accionista minoritaria).Que tampoco tiene cargo directivo en la empresa. Y que la concesión aún no funciona. Pero la norma minera no dice eso.

Otra cosa hubiera sido si la señor Omonte hubiese tenido esas mismas acciones mucho antes de ser electa. Porque la verdad, resulta absurdo que a una persona que se le llama para ser ministra tenga que dejar todo lo que tiene. El sacrificio no va por ahí. Si una persona es directivo de una o más empresas y accionista de esa y otras más y la convocan como ministro, solo debe dejar las empresas en donde ejerce como directivo, más no necesariamente debe dejar sus acciones. Si la ley llega a ese extremo, sería un absurdo, una locura. En todo caso, lo lógico y sensato es permitir que temporalmente pueda separarse de ellas, dejárselas en custodia o en administración a su esposa, hijos, hermanos, primos, etc. Pero no es el caso de la señora Omonte.  y por eso la salida que ha encontrado para permanecer en el cargo de ministra ha sido donar dichas acciones a la comunidad del lugar en su natal Huánuco. Punto.

El otro caso es el de la alcaldesa Susana Villarán, en donde ella y algunos de su grupo político, al poco tiempo de llegados al poder municipal, a fines del 2011, pidieron préstamos a la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima, entidad que depende de la misma municipalidad, y en donde es ella quien nombra a su titular.

¿Se justifican esos préstamos? No. ¿Por qué?, porque la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) vigente lo prohibe y precisa en su artículo 63. Es más, el propio Jurado Nacional de Elecciones ha sancionado a otras autoridades ediles por violar dicha norma.

Obviamente, nadie está poniendo en duda la honestidad de la alcaldesa ni el hecho de que esté honrando su deuda puntualmente. El asunto no es personal. El argumento de fondo para estas limitaciones son claras. Sencillamente porque la alcaldesa y los regidores no son personajes cualquiera. Tienen poder y eso es decir bastante. Además, los funcionarios nombrados por el alcalde o la alcaldesa, prácticamente dependen de él o ella. Están, quiérase o no, bajo su mando y es difícil pensar que puedan contradecir a la máxima autoridad que lo nombró. A lo más, le podrían aclarar y advertir. Esa es la razón de fondo.

No obstante y como era de esperarse, aquí también salieron los especialistas en “blindajes”, los jurisconsultos o cojurídicos a interpretar la norma y a cuestionarla. Salieron a decir que se trata de una entidad financiera que vive de los préstamos, que gana por los intereses y cumple con todos los requisitos que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, establece, etc., etc., cuando nada de eso está en cuestión, en tela de juicio.

Aquí lo que está en cuestión es si la alcaldesa y sus regidores cumplieron o no con la LOM. No interesa si la ley es buena, mala o regular. O por último si es absurda. Probablemente lo sea, no lo sé. Pero el sentido común me dice que si yo mando en una institución, más tratándose de una entidad pública, debo tener ciertas restricciones a mis funciones, para no incurrir no solo en abuso, sino para evitar afectar el bien público. Así de sencillo.

Si la ley dijera que las autoridades ediles pueden solicitar préstamos a la caja municipal, una vez o cuantas veces los necesite, siempre y cuando cumpla con pagar puntualmente sus cuotas, sería otra cosa. Pero la norma no dice eso. Y como se trata de personajes políticos y estamos en tiempos electorales, salen a relucir las interpretaciones y las cosas se enredan cada vez más, pesar de que son simples.

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