Malos hábitos que parecen buenos (de las autoridades)

12 Jul

Ojo Avizor

Mandiles, inyectables, gasas, etc., arrojados a orillas del río Chillón. (F.Peru21)

Mandiles, inyectables, gasas, etc., arrojados a orillas del río Chillón. (F.Peru21)

A ver veamos. El lunes último una mujer llama temprano a una emisora radial para denunciar la obstrucción de una tubería en el Zapallal, distrito de Puente Piedra, al norte de Lima, donde varias familias han sido afectadas con las aguas servidas y el olor nauseabundo que ha invadido la zona. Como siempre, gracias a esta llamada, la emergencia es atendida en las horas siguiente.

Por la tarde, el gerente de Usuarios de la Sunass (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento) ¡nada menos!, José Luis Patiño, dice en RPP Noticias que las afectadas por el aniego son seis familias de la Asociación Micaela Bastidas y que serán resarcidas económicamente por una compañía de seguros la que ya verificó los daños causados en las viviendas.

Hasta ahí todo muy bien. Pero aquí viene lo bueno. Patiño “hizo un llamado de atención sobre el uso adecuado de los sistemas de alcantarillado de desagüe, pues según pudieron verificar los técnicos de Sedapal, el aniego fue causado por una tubería atorada con restos de ladrillo y una frazada.

Aguas sucias invadieron viviendas. (F.Laprimera)

Aguas sucias invadieron viviendas. (F.Laprimera)

En pocas palabras, como no sabemos quienes fueron los autores del atentado, siempre escucharemos el mismo argumento: “fueron personas inescrupulosas, extrañas, ajenas a la asociación” los que arrojaron ladrillos, frazadas y sabe Dios cuántos objetos más, pero al final, todos pagamos “los platos rotos”.

Este es un caso. El otro es mucho más grave. Un vecino denuncia que en la ribera del río Chillón, también en El Zapallal, pero en una zona del distrito de Carabayllo, vecino a Puente Piedra, han sido arrojados unos 3 metros cúbicos de residuos hospitalarios.

La prensa confirma la información. La responsabilidad aparente es del Hospital Hipólito Unanue, pero sus directivos se lavan las manos. Dicen que ellos cumplen con las normas y protocolos, y que el  servicio de recolección, transporte y disposición final de los mismos está a cargo del Consorcio Global & Brunner, integrado por la empresa Global Servicio Integral Médico S. A..

El gerente de esta empresa, dice que ellos también cumplen con los protocolos y que entregan dichos materiales a la empresa Relima, encargada de la limpieza de la capital. Esta, sin embargo, guarda silencio. Pero además asegura que probablemente sea parte de un complot, pues ellos tienen más de 20 años de experiencia en esa tarea y nunca han tenido problemas. Es más, afirma que sería objeto de un complot de la competencia y que gente vinculada al exFoncodes estaría detrás de esto para favorecer a otro operador. La denuncia es grave.

¿En qué consisten esas “normas y protocolos”? En que el hospital separa todo esos residuos, los pesa y se los entrega a la empresa en mención. El hospital

Residuos hospitalarios en el Chillón. (F.Andina)

Residuos hospitalarios en el Chillón. (F.Andina)

verifica que dichos residuos deben llegar con el mismo peso con que salieron. La empresa los lleva, en este caso al relleno sanitario de “El Zapallal” y, me imagino, guarda su guía de remisión que tiene que ser igualita a la que recibe del hospital respecto al peso exacto con que salió de éste y llegó al relleno.

Pero ahí no acaba la historia. Por su parte, la ANA (Autoridad Nacional del Agua) pide el retiro inmediato de los mencionados desechos y el cierre de las compuertas del canal “Cañon”, pues los desechos fueron encontrados a 100 metros de la bocatoma, lo que podría perjudicar la producción de las 700 hectáreas agrícolas a cargo de tres comisiones de regantes. Además, dijo que venía verificando otras partes del río con Digesa (pomposamente Dirección General de Salud Ambiental) y Dgaa-Minagre (más pomposo aún, la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura). La realidad demostró que había restos hospitalarios en otros canales.

Pero todo no acaba ahí. Digesa, en un esfuerzo por demostrar su papel fiscalizador, rescinde el contrato con la empresa Global Servicio Integral Médico S. A. y  dispone que un nuevo operador se encargue del manejo de los desechos. Pero no libra de responsabilidad al hospital pues le dice que su función no acaba con la entrega de los residuos sino que debe verificar su estado durante un mes realizando visitas inopinadas, es decir, sorpresivas. Y ce fini.

Restos hospitalarios en río Chillón (F.Rpp)

Desechos contaminantes (F.Rpp)

Claro, muchos dirán que las autoridades actuaron bien. La celeridad es importante, sin duda, tanto en el caso de Sedapal y Sunass, como de Digesa y demás instituciones involucradas. Pero, perdonen…siempre hay peros que poner. O más correctamente, enseñanzas que extraer.

Primero.- Sedapal y Sunass como Digesa hubieran demorado un chupo de tiempo si no fuera porque la prensa entró a tallar e hizo pública la denuncia. Incluso cuestionaron el papel de estas entidades ¿para que están estos señores, si no van a hacer caso a las llamadas, a las denuncias, para qué está Aquafono entonces, existe o no existe?

Segundo.– Las entidades supervisoras (llámense Osinergmin, Ositran, Osiptel, Indecopi, Defensor del Asegurado de Essalud, etc., y tantas otras “descentralizadas”) tienen que tener un papel mucho más activo. Es una mala práctica que sean fiscalizadoras de escritorio y mantengan una burocracia sentada amasando denuncias, armando expediente y exigiendo un rosario de requisitos que le complican la vida al denunciante, así como pagos por esto y por aquello. Su función fundamental es Supervisar y para eso hay que ir al campo, a la fuente permanentemente. En pocas palabras: ensuciarse los zapatos.

Tercero.-  Pero su función no debería quedar allí sino también Educar. En el caso de Sunass, por ejemplo, no basta que el gerente “exhorte” a los pobladores a que no arrojen frazadas o ladrillos u otros objetos en los desagües. Se requiere siempre persuadirla, convencerla hasta que se le haga un hábito, una costumbre. Volantes, cartillas, bien, pero sobre todo organizando reuniones de difusión, coordinarlas con las municipalidades, que deberían convertirse en sus brazos derecho, e incluso con los mismos vecinos, a través de sus juntas vecinales, asociaciones, clubes o barrios.

Cuarto.- Pero la educación tampoco basta. Se requiere aplicar sanciones que seguramente ya existen en el Código Civil o Penal. Me imagino que sí. Después de todo el Perú es un país donde abundan las leyes (cerca de 30 mil, sino me equivoco), pero también dónde la mayoría no se cumple. Esto significa ponerlas en vigencia y no ser contemplativos con vecinos o recicladores “pobrecitos”, pero en verdad inescrupulosos, que se encargan de arrojar los desperdicios donde les da la gana y a sabiendas que está prohibido y causan daños, ya sea por pereza o aplicando la “ley del menor esfuerzo”. La indemnización está bien, pero la impunidad no.

Quinto.- Sedapal y Digesa han tenido reflejos rápidos, sin duda. Sin embargo, es seguro que la empresa apelará y ¿el complot? ¿y los 20 años realizando estas tareas? Para mi debió suspenderse a la empresa e iniciar las investigaciones de inmediato y con plazo perentorio, incluyendo la denuncia del complot, que no está descartada. La investigación es importante hasta establecer a quienes realmente alcanza la responsabilidad. Porque además, podría darse el caso que los inescrupulosos de hoy vuelvan a las andadas mañana ¿Digesa rescindirá también el contrato con la nueva empresa? Sería la de nunca acabar.

Burocratismo (Ilustración Internet)

Burocratismo (Ilustración Internet)

Sexto.- Como se desprende esta nota, existen una serie de entidades que supuestamente están llamadas a supervisar, pero que actúan cada una por su lado. Cada una con sus burocracias, acumulando papeles, exigiendo requisitos a raudales, etc., etc., pero que atienden un mismo asunto y lo hacen cuando la denuncia se hace pública. ¡El colmo! Esto sin contar los que tienen los gobiernos regionales y municipales. Toda una maraña de instituciones con burócratas bien pagados y con muy buenos locales, pero cuyos resultados son minúsculos, y que bien debería evaluarse y ser parte de la pretendida reforma del Estado, que el gobierno se ha propuesto realizar, supuestamente para hacerlo eficiente.

Sétimo.- Por último, lo sustantivo está en acabar con la lógica y concepción de funcionamiento de éstas y otras instituciones del Estado (se sabe que en los ministerios es peor). Se trata entonces de cambiarle el formato, ponerles un nuevo chip. Los organismos supervisores deben tener más personal de campo que de escritorio y exigir menos trámites y menos dinero a los contribuyentes, etc., porque son servicios públicos. De lo contrario, las cosas seguirán igual hasta el próximo atoro o se descubran nuevos desechos.

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