¿Y la seguridad ciudadana?

6 Nov

Malas Costumbres

06 nov. 2012

Tomado de El Comercio

La inseguridad en las calles es, sin duda, una papa caliente para el gobierno. Aunque todavía resulta prematuro juzgar su desempeño y el tema es complejo, es bueno decir que éste es uno de los compromisos pendientes del gobierno.Tanto porque lo trató en la campaña electoral como luego en su mensaje del 28 de julio. Luego, en agosto, instaló el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y asumió su conducción. Desde entonces se dieron las primeras medidas. Se destinó 67 millones de soles para “comprar” los descansos de 13 mil policías, para que éstos dejen de cuidar entidades privadas y se dediquen a patrullar las calles. Asimismo, se retiró de labores administrativas a otros tantos efectivos para sumarlos al cuidado del público.

En setiembre se creó un fondo de 200 millones de soles para combatir la delincuencia y se llamó al sector privado para incrementarlo, pues servirá –se dijo- para equipar mejor a la policía.

Paralelo a estas acciones, en octubre pasado, se inició la reestructuración de la Policía Nacional. Treinta generales fueron pasados al retiro, reduciéndose así su número a 10, previéndose una medida similar para los coroneles, cuyo número será reducido de 300 a 90.

Hasta ahí las cosas bien. Sobre todo con esta “reingeniería” que permitirá desterrar esa antigua expresión popular de que en el Perú “hay más generales que tropa”. (A propósito ¿se animará a hacer lo mismo en las FF.AA.?). Pero faltan más. Mucho más. Porque la situación no ha cambiado desde el año pasado en que el estudio de Barómetro de las Américas 2010, arrojó que el Perú figuró en el primer lugar de inseguridad con 53.8% seguido de Argentina y Venezuela; y el primer lugar de victimización por la delincuencia (31.1%), seguido de Ecuador con 29.1% y otra vez Venezuela con 26%, de un total de 25 países estudiados.

La información actual lo confirma. Según las estadísticas del Ministerio Público, entre enero a julio de este año se han registrado un promedio de 312 delitos al día, sólo en Lima y el Callao, es decir más de 9 mil al mes. Pero todos sabemos que muchos de los afectados optan por no denunciar, ya sea por temor a represalias de los delincuentes o porque no confían en la policía (“no sirve de nada”, “me sacarán dinero”, son las expresiones comunes). La Fiscalía señala que de cada 10 delitos solo 4 son denunciados.

En pocas palabras, todo indica que la situación no ha variado y los robos y asaltos continúan. Y continuarán por mucho tiempo sí, en verdad, no se toma al toro por las astas y se aplican, junto con la logística requerida que ya las autoridades saben cuáles son, cambios radicales en algunas normas o leyes y se adoptan medidas drásticas para combatir la delincuencia común y muy especialmente al narcotráfico, que la alimenta.

Dentro de ellas están, por ejemplo, el desterrar de una vez por todas ese artificio jurídico que existe entre “falta” y delito. El que roba un celular o roba un banco comete un delito, punto. Consecuentemente recibe sanción. Que la sanción para el primero sea menor y la del segundo mayor, es distinto. Pero ambos merecen castigo, y no como ocurre ahora, que el que comete una “falta” sale libre al toque y hasta se da el lujo de amenazar a quien lo denunció.

Es más, el que comete un delito menor está obligado a cumplir, de manera obligatoria y efectiva, trabajo comunitario en la zona o lugar donde cometió el delito o a reponer los daños causados. Y si el sujeto se negara hacerlo o reincide vuelve a prisión y punto. No hay vuelta que darle. Y si la comisaría desacata la acción del juez, será el comisario quien pague los platos rotos. Y si el juez exonera de ese castigo al delincuente, aduciendo que “es primario”, también deberá ser sancionado sin mayor trámite.

Por supuesto las sanciones deberán ser aplicadas con mayor rudeza a los delincuentes avezados o muy peligrosos. Para ellos, penales más seguros. No como Piedras Gordas o Castro Castro. Quizá uno como Yanamayo, en las alturas de Puno o en las alturas del Colca. Y que se reabran El Sepa y El Frontón, aun cuando su costo de mantenimiento sea alto, pues mucho más importante es proteger a la sociedad que causarle “ahorro” al estado. Esto no puede ser argumento cuando se sabe que el estado pierde dinero en cantidades industriales en licitaciones en compras sobrevaluadas, juicios en los organismos internacionales, etc., etc.

Asimismo, está probado que el crecimiento de la delincuencia va de la mano con la corrupción. Por ello se requiere sanciones drásticas en los tres niveles: al delincuente, al policía y al magistrado corrupto.

Todo esto es vital y complementario a las acciones que se realicen para combatir el narcotráfico. Empezando por reducir la producción y comercialización de cocaína y otras droga. La sustitución de cultivos, el control de insumos químicos y el lavado de activos, pero eso sí, de manera efectiva y no con simulacro de acciones.

Si a esto sumamos la eliminación progresiva del Serenazgo, incorporando a los más destacados en la policía nacional reorganizada, brindándoles mejor y mayor capacitación profesional con más años de estudios en la escuela policial y pagándoles sus sueldos con el dinero obtenido por las municipalidades, estoy seguro, que, en el lapso de los próximos tres a cinco años, tendremos una nueva policía y un menor número de delincuentes en las calles.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: